Nota del editor: Esta es la décima entrada de una serie recensiones de recientes investigaciones nacionales sobre derecho administrativo publicadas por DER Ediciones
Tomás Izquierdo Serrano
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile.
Magíster en Derecho, Universidad de Chile.
La obra “La responsabilidad patrimonial directa de los servidores de la Administración”, editada por DER Ediciones y fruto de una tesis doctoral desarrollada en el programa de doctorado de la Universidad de los Andes, aborda un tema relativamente descuidado por la dogmática del derecho administrativo. La autora se adentra, con herramientas analíticas interesantes, en la responsabilidad pecuniaria que compromete a los funcionarios y agentes administrativos, fundamentalmente aquella que emana de la gestión de bienes estatales.
El título del libro sugiere desde el inicio una propuesta conceptual novedosa. Aunque a lo largo de la obra se hace evidente que la preocupación esencial del libro es la responsabilidad derivada de daños que los servidores provocan a la propia administración del Estado (los que juzga en Chile, por lo general, el Tribunal de Cuentas), la autora propone un esquema conceptual más amplio. Bajo la “responsabilidad patrimonial directa de los servidores de la Administración” se circunscribiría también a la responsabilidad por daños a terceros, constitutivas de falta personal, generalmente estudiada en el marco del derecho de la responsabilidad del Estado. Si bien sus efectos en el análisis sustantivo no son del todo claros, la agrupación de estas categorías representa una innovación metodológica.
El libro se estructura en cuatro capítulos. El primero realiza una revisión genérica sobre el contexto jurídico en que se enmarca la responsabilidad patrimonial de los servidores administrativos, atendiendo a tres puntos esenciales: los sujetos que se desempeñan en la administración, sus deberes jurídicos y la noción de “responsabilidad”. En el segundo capítulo, la autora caracteriza esta responsabilidad, a la luz de aspectos tanto sustantivos como procesales. El tercer capítulo, probablemente el más desarrollado, analiza en detalle el régimen jurídico de esta responsabilidad, abordando aspectos como el daño, la conducta de los agentes y la prueba. En el capítulo final, aborda separadamente el elemento de la causalidad, así como eventuales exclusiones de responsabilidad.
En todos los capítulos se observa un método de análisis similar. La autora constata que la regulación sobre esta materia es escasa, a partir de lo cual emprende un ejercicio de reconstrucción del régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de los servidores de la Administración, usando una metodología tradicional, primordialmente deductiva. Estudia instituciones tradicionales del derecho (como la responsabilidad, la antijuridicidad, el daño, etc.), extensamente descritas a lo largo de la obra, con el propósito de evaluar su aplicación a la materia bajo estudio.
Este análisis no se realiza de manera mecánica. El libro enfatiza las particularidades del derecho público, que dificultan una transferencia automática de algunas categorías dogmáticas. La autora propone una aplicación reflexiva de dichas categorías, ejercicio que constituye el principal mérito dogmático del libro: con argumentos sólidos y bien fundamentados, analiza si la utilización de cada una de estas figuras jurídicas resulta justificada.
Este ejercicio, desarrollado en los capítulos 3 y 4, se fundamenta en un esquema seguro y bien conocido: los elementos clásicos de la responsabilidad civil. Aunque el repaso general por cada uno de ellos parece innecesario para el lector avezado, la opción es indudablemente inteligente: otorga una base confiable en la que fundar la racionalidad de sus descubrimientos.
En este marco, algunas propuestas y críticas son valiosas. Destaca, por ejemplo, el análisis de los tipos de daño, en el que se incluyen hipótesis peculiares, como el daño que produciría a la administración el no cobro de multas contractuales (que califica como un daño emergente), o el daño extrapatrimonial que podría sufrir la administración. Es también relevante la referencia a la antijuridicidad en que pueden incurrir los servidores de la administración, vinculada a sus deberes funcionarios. El análisis de la causalidad tiene también algún interés, sobre todo cuando aborda la (quizá mal llamada) “obediencia debida” como eventual causal de exclusión de responsabilidad.
El libro incorpora varias referencias jurisprudenciales, principalmente del Tribunal de Cuentas, que dan cuenta de un estudio exhaustivo de la práctica jurídica. El examen de la jurisprudencia de este tribunal, descuidado por la mayoría comentaristas, aporta un interés adicional a la obra.
En fin, el texto se aproxima de forma extensa a un contexto jurídico-administrativo relativamente olvidado, pero no por ello menos interesante. Con ese objetivo, se abordan diversas instituciones clásicas, cuya aplicación al tema se realiza con niveles variados de éxito. Se observa, en definitiva, un intento sugestivo por ampliar la dogmática de la responsabilidad en el derecho administrativo, en un marco peculiar y poco explorado por la literatura jurídica.
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